La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador  reitera su rechazo a la pretensión de Ejecutivo de reformar, de manera apresurada e inconsulta, el marco legal del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), intención que representa un claro atentado en contra el legítimo derecho que los trabajadores tienen de contar con los cursos de capacitación que dicha institución realiza a través de los aportes financieros hechos por las empresas privadas.

Como empresarios no encontramos ninguna justificación a la reforma con que se pretende modificar la institucionalidad del INSAFORP, pues desde el inicio de sus operaciones, en 1996, dicha institución ha funcionado de forma eficiente, logrando, solo en 2011, capacitar a más de 100 mil trabajadores.

Dichos logros han sido posibles gracias a la estructura tripartita de su Junta Directiva, en la que hacen mayoría los sectores laboral  –con tres representantes–, y empresarial –con cuatro miembros¬–. El sector gubernamental, por su parte, cuenta actualmente con tres representantes en la Junta Directiva.

Pero al dar mayor representatividad al sector gubernamental –con 6 miembros– (como lo plantea el proyecto de reforma) y restarle dos miembros representantes del sector privado y uno al sector laboral, no solo se desnaturalizará la conformación tripartita de la Junta Directiva del INSAFORP convirtiéndolo, por medio de un subterfugio legal, en una entidad dominada por el gobierno, sino que se dejará en manos del Estado el manejo de una institución que hasta ahora ha funcionado de forma eficiente bajo la dirección de los sectores laboral y empresarial.

Consideramos que la una reforma a la Ley del INSAFORP como ha sido planteada por el Ejecutivo, lesiona gravemente los programas de capacitación que esta entidad otorga a los trabajadores del sector privado y pone en peligro el uso eficiente de los recursos que las empresas nacionales aportan al Instituto y que equivalen a $25 millones anuales. Se teme también que, bajo el manejo por parte del gobierno,  dichos fondos sean asignados con base en criterios políticos y no en criterios técnicos, como se ha hecho hasta ahora, negándoles acceso a las capacitaciones del INSAFORP a los trabajadores que no se alineen a las directrices coyunturales del poder político de turno.

Por las razones arriba mencionadas, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador solicita a la Asamblea Legislativa no proceder a votar por la reforma al marco legal del INSAFORP que ha sido solicitada por el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y en lugar de ellos se propicie un diálogo abierto y transparente entre los diferentes sectores del país a fin de buscar mecanismos eficaces para fortalecer a la institución rectora del Sistema Nacional de Formación Profesional, siempre bajo el criterio de beneficio de los trabajadores y del desarrollo económico y social del país.

Asimismo, reiteramos a la clase trabajadora en particular, y a la población en general, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador  no está dispuesta a permitir que los trabajadores salvadoreños sean despojados del legítimo derecho que tienen de recibir una capacitación técnica exenta de condicionamientos políticos o ideológicos, y que se mantendrá siempre vigilante para salvaguardar la institucionalidad  y el Estado Democrático de Derecho.

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