La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador rechazó enérgicamente las públicas intenciones de algunos partidos políticos de la Asamblea Legislativa saliente de nombrar en los cargos de Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del Tribunal de Ética Gubernamental y Fiscal General de la República a personas afectas a sus intereses partidarios y no a profesionales independientes e idóneos.

Consideramos que los nombramientos precipitados y basados encriterios políticos al frente de tan importantes instituciones generaría una crisis institucional que pondría en peligro el Estado Democrático de Derecho, el equilibrio de poderes y la seguridad jurídica interna, provocando condiciones de inestabilidad que no contribuyen a la profundización de nuestra democracia ni a la solución de los principales problemas nacionales.

Además, la elección apresurada y poco transparente de dichos funcionarios públicos riñe con la legalidad, pues el mandato del actual Fiscal General vence hasta dentro de cinco meses y el de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dentro de dos meses. No existen razones técnicas, jurídicas y éticas que justifiquen una elección como la que se quiere hacer.

De las declaraciones vertidas por los voceros de los partidos políticos que pretenden cometer este atropello a la institucionalidad resulta claro que este golpe institucional ha sido planeado como una maniobra para repartirse importantes entidades del sector público y utilizarlas al servicio de intereses partidarios y personales, y no en función de los altos intereses de la nación.

Ante tal arrebato legislativo, pedimos a los diputados salientes que desistan en su intención de llevar a cabo una ilegítima elección del nuevo Fiscal General y de los nuevos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y dejen dicha tarea a la Asamblea Legislativa que tomará posesión el próximo 1 de mayo.

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