La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador rechaza categóricamente el cargo del 13% que el gobierno pretende aplicar al precio de la energía eléctrica a partir de julio próximo, por considerarlo un impuesto disfrazado que afectará la economía de miles de familias y de empresas salvadoreñas, complicando la posibilidad de atraer más inversiones y generar nuevos empleos.


La gremial recuerda al gobierno que las empresas que operan en el país han venido soportando un incremento progresivo de impuestos, como el impuesto a las transacciones financieras y el impuesto a los servicios telefónicos y de Internet, así como el aumento de sus costos de producción debido al alza de las tarifas de agua potable y los incrementos anuales de salarios.  A lo anterior hay que sumar el costo económico de la inseguridad, la corrupción y la excesiva tramitología, todo lo cual afecta su rentabilidad y su competitividad, especialmente de las pymes.


Lo anterior se refleja en un estancamiento de la generación de empleo y de la producción. Esta última ha registrado crecimientos anuales de solo 2% en promedio durante los últimos cinco años, tasa que resulta insuficiente para solventar las grandes necesidades del país.


Cabe agregar que nos parece injusto que se cargue a los consumidores con los costos de la ineficiente y poco transparente administración de la CEL, autónoma que ha sido muy cuestionada por el despilfarro de fondos en la construcción de la presa El Chaparral, el mal manejo del litigio contra la firma italiana ENEL y su oscura relación económica con la empresa INE, propietaria de su capital accionario.


Por las razones antes expuestas, solicitamos al Ejecutivo revertir la decisión antieconómica de aplicar este nuevo cargo al costo de la energía eléctrica, y en su lugar adoptar medidas que propicien un clima favorable a la inversión y la generación de empleo, así como una política de racionalización del gasto público y de control del excesivo endeudamiento estatal.