Debido a que el proyecto de presupuesto general de la nación para el año 2017 está desfinanciado en $400 millones, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador recomienda a la Asamblea Legislativa no aprobarlo, pues de lo contrario se generaran efectos negativos en las finanzas públicas y en la economía nacional.


Al revisar los rubros de ingresos y gastos del presupuesto general de la nación para 2017, se detecta una sobrestimación de ingresos de aproximadamente $100 millones y una subestimación de gastos, así como gastos no contemplados en aproximadamente $300 millones, lo cual redundará en un desfinanciamiento de alrededor de $400 millones, el cual podría ser mayor debido a algunos gastos financieros no incluidos.


En consecuencia, al igual que el presupuesto del presente año, el de 2017 se presenta desfinanciado, y no refleja mayores esfuerzos de austeridad.


Comparando con el presupuesto del año fiscal anterior, que aumentó en $38 millones, el presupuesto para 2017 aumenta $97 millones, cantidad a la cual debe sumarse $221 millones no incluidos en concepto del servicio de la deuda de pensiones. Esto debido a la reciente reforma al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Además, se observa en la partida de remuneraciones un incremento significativo por $46 millones.


Otro detalle a subrayar es que el presupuesto para el próximo año no mejora la asignación para la inversión de capital humano, ya que los ramos de Educación y Salud registran una reducción, con lo cual disminuirá aún más su ya bajo coeficiente en relación al PIB del 3.6% y 2.3% respectivamente.


El presupuesto 2017 tampoco presenta una mayor reorientación del gasto hacia la inversión pública, ya que se mantiene la participación del 15% del total destinado a gasto de capital, mientras que más del 70% continúa orientándose a gasto corriente.


Debido al desfinanciamiento presupuestario indicado, existirá la necesidad de recurrir al endeudamiento de corto plazo mediante la emisión de LETES, incrementando de ese modo el saldo de la deuda pública, ya en un alto nivel del 62% del PIB.


Se prevé además que como resultado de este desequilibrio en las finanzas públicas, se tendrá que recurrir de nuevo a retrasar el pago a diferentes proveedores locales, así como las transferencias que les corresponden a las municipalidades en virtud del FODES y los programas sociales ofrecidos, afectando la economía nacional.


Debido a las implicaciones negativas señaladas, recomendamos, no aprobar el Proyecto del Presupuesto 2017 presentado a la Asamblea Legislativa.

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