En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Javier Steiner, acompañado del director ejecutivo, Federico Hernández, directivos y presidentes de sedes filiales, expresaron la preocupación de los empresarios ante los atrasos y la poca transparencia con  que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prepara las fases claves de las elecciones de 2018 para elegir diputados y alcaldes.

Los voceros de la principal gremial empresarial del país exigieron al TSE agilizar, entre otras cosas,  el establecimiento de medidas que garanticen que en 2018 las elecciones para alcaldes y diputados se desarrollarán con normalidad, transparencia y apegadas a la ley.

Una de las preocupaciones de Camarasal es que la credibilidad del conteo final esté en riesgo si no se cuenta con la tecnología idónea y si no se hace una adecuada conformación y capacitación de los miembros de las Juntas receptoras de Votos (JRV) y las Juntas Electorales Departamentales (JED).

Ante este escenario, la gremial señala siete riesgos que se corren en las próximas elecciones: licitación atrasada para la adquisición de  tecnología para conteo y transmisión de resultados preliminares, un lentísimo conteo manual, problemas en el conteo del voto cruzado, atrasos en educación al ciudadano sobre cómo votar, una capacitación deficiente a los miembros de las  mesas de votación, la posible intervención de los partidos en la capacitación, transporte y alimentación de los miembros de las JRV.

Ante la situación, Camasal exigió al TSE:
1. Cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales para garantizarle a los salvadoreños un proceso electoral transparente, sin irregularidades que deslegitimen sus resultados.

2. Garantizarse los medios para cumplir fielmente con las reformas  electorales, especialmente las relacionadas con la despartidización de las Juntas Receptoras de Votos.

3. Realizar, de manera oportuna y transparente, las licitaciones tendentes a adquirir la tecnología necesaria para llevar a cabo el conteo de votos y la transmisión electrónica de datos.

    Finalmente, los voceros de la Cámara recordaron a los magistrados del TSE que el artículo 235 de la Constitución establece responsabilidades legales a los funcionarios por el incumplimiento de sus obligaciones.