La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador pide al gobierno aclarar a los consumidores y a las empresas que comercializan servicios y productos gravados con el impuesto llamado Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana cómo se debe aplicar dicho gravamen, ya que la falta de claridad al respecto está generando pérdidas en las empresas y descontento en los compradores.

Como cumplidoras de la Ley, las empresas que comercializan servicios o dispositivos de telecomunicaciones han aplicado el instructivo que el Ministerio de Hacienda aprobó para la retención del impuesto, pero la Defensoría del Consumidor amenaza con sanciones a las empresas que están siguiendo las indicaciones de dicho instructivo, argumentando que en las facturas no debe reflejarse el impuesto, contrario a lo que Hacienda indicó al principio. Hacienda, por su parte, al notar que con base en sus indicaciones iniciales el impuesto se reflejaba en las facturas, ha cambiado la normativa, generando más confusión en las empresas y en los clientes de estas.

Este cambio además ha generado pérdidas en las empresas que gastaron para acomodar sus sistemas contables y sus facturas al cobro del nuevo impuesto, al mismo tiempo que ha causado una gran confusión entre los consumidores, que creen que las empresas les están cobrando más de lo que consumen. Algunas empresas incluso están dejando de vender debido al desconcierto existente.

La Cámara atribuye estas anomalías a varios errores, todos los cuales pudieron evitarse, siendo los principales los siguientes:

  • La manera apresurada cómo el ejecutivo diseñó el impuesto y la forma inconsulta y precipitada de aprobarlo por parte de la Asamblea Legislativa, sin haberse tomado un tiempo prudencial para analizar la medida con más detenimiento y escuchar las opiniones de los sectores afectados.
  • La falta, por parte del Ministerio de Hacienda, de una labor de capacitación a empresarios y consumidores sobre la forma de aplicar el impuesto a los precios al consumidor final.
  • La mala intención del gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y de la Defensoría del Consumidor, de hacer ver a las empresas como abusadoras de los consumidores por reflejar el impuesto en las facturas.

“Ellos (el gobierno) pensaron que los agentes de retención iban a ser solo las empresas telefónicas, pero por desconocimiento o malicia no consideraron que una farmacia pequeña o una persona particular puede comercializar servicios telefónicos, como la venta de saldos”, dijo a medios locales el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Luis Cardenal.

El presidente de la Cámara aclaró que el CESC es un impuesto al consumo, y que en el cobro del mismo las empresas solamente actúan como agentes de retención, colaborando en eso con el gobierno, por lo que no deben ser responsabilizados de la confusión generada hasta hoy.

Por lo anterior, la Cámara de Comercio e Industria ha pedido al Ministerio de Hacienda que arregle el entuerto que ha causado con su cambio de instructivo y que aclare a las empresas y a los consumidores cómo se tiene que aplicar el impuesto, a fin de que las transacciones comerciales no se vean afectadas, principalmente en esta época del año.