1. Que considera muy acertada la decisión de los diputados de la Asamblea Legislativa que votaron por derogar los incisos del artículo 91 del Código Tributario que obligaban a presentar una declaración anual de su patrimonio a los contribuyentes, disposición incluida en la última reforma tributaria, que entrara en vigencia en enero de este año y que sigue siendo ampliamente cuestionada por sus pobres resultados.

2. Que, como se había señalado anteriormente, la exigencia de una declaración patrimonial pone en peligro la seguridad personal de muchos salvadoreños, dado el auge de delitos como el secuestro y la extorsión, cuyo enérgico combate sigue siendo una deuda del actual gobierno.

3. Que al tener en sus manos la decisión de sancionar el mencionado decreto, el Presidente de la República tiene una gran oportunidad para comenzar a generar el clima de confianza que el sector productivo ha venido señalando, y que él mismo ha venido pidiendo, para impulsar la inversión privada y la creación de empleos, por lo que nuestra gremial confía en que la decisión legislativa gozará del visto bueno presidencial.

4. Que lamenta la actitud del Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, brindando inaceptables declaraciones contra los que se oponen a medidas tendientes a fiscalizar la vida privada de los salvadoreños, acusándolos de ser cómplices de los evasores y elusores, cuando lo que se ha advertido es que la medida, lejos de hacer más eficiente la recaudación y la administración de los impuestos, vendrá a castigar todavía más a los contribuyentes y a empeorar la ya difícil situación de inseguridad que vive la población.

Por lo tanto:

Solicitamos respetuosamente al señor Presidente de la República, Mauricio Funes, sancionar el Decreto Legislativo que elimina la inconveniente figura de la Declaración Patrimonial, enviando un mensaje de tranquilidad a la población y a los sectores productivos.

San Salvador, 27 de octubre de 2010.

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