El crecimiento de la economía del país medido por el Índice del Volumen de Actividad Económica (IVAE) es de 2.5%, mayor a la tasa que se registró en junio de 2016 (2.3%), los sectores que tiene el mayor crecimiento son industria manufacturera (1.6%), comercio (3.8%) y transporte (5.8%).

- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) al mes de agosto de 2017 registro una tasa de inflación anual del 1.1%. El incremento se dio principalmente en los precios de los siguientes productos y servicios: Alimentos y bebidas no alcohólicas con (2.2%), transporte con (1.5%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con (3.2%).

- Los ingresos por remesas familiares alcanzaron US$2,873.1 millones en el período de enero a julio de 2017, con un crecimiento de 10.7% y superaron en US$278.6 millones a las remesas recibidas en el mismo período del año anterior. En julio ingresaron US$418.9 millones en remesas, con US$45.5 millones más que lo registrado en el mismo mes de 2016.

- Las exportaciones totales acumularon US$3,381.2 millones con una tasa de crecimiento de 5.3% al mes de julio de 2017, el sector azucarero contribuyo a estos resultados. Las importaciones reportan nuevamente una tasa de crecimiento interanual de 4.2% (US$5,968.1 millones), las importaciones de bienes intermedios registraron un fuerte incremento de 9.5%, seguido de bienes de consumo con una tasa de crecimiento de 0.5%, luego de registrar ambas tasas negativas en los últimos 2 años.

- Respecto al Sector Monetario y Financiero en el mes de julio de 2017 los depósitos tuvieron un crecimiento de 6.6% y los créditos al sector privado un crecimiento de 6.1%, es decir, los depósitos superaron a los créditos otorgados al sector privado en US$339 millones.

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Decenas de personas asistieron a la Primera Feria de Servicios Financieros organizada por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y que se realizó en el hotel Sheraton Presidente.

El objetivo del evento era apoyar a las medianas y pequeñas empresas que buscan financiamiento para sus proyectos, ampliaciones, compra de maquinaria y equipo, así como materia prima y otras inversiones.

“Como gremial comprometida con apoyar la competitividad de las empresas salvadoreñas en Camarasal sabemos muy bien que uno de los principales pilares de cualquier emprendimiento empresarial es el financiamiento”, apuntó Javier Steiner, presidente de la gremial, durante su discurso de inauguración.

Y para ofrecer un apoyo integral, en esta primera feria también se impartieron ponencias que brindaron a los empresarios herramientas para administrar sus fondos de forma más eficiente. Los expertos Hazel Raquel del Cid (del Banco Central de Reserva) y José Alberto Peralta (asesor independiente) estuvieron a cargo de las ponencias Manejo de la Deuda y Buenas prácticas de gestión financiera para mipymes, respectivamente. 

Además, se organizó una rueda de consulta - clínicas empresariales para brindar asesoría a los empresarios que la requirieran; y donde también pudieron visitar más de 17 stands en los que las diferentes instituciones financieras ofrecerán sus servicios a los asistentes.

“Para nosotros este evento cobra especial importancia ya que, como sabemos, el país necesita que su economía crezca, y para que la economía crezca se requiere de más inversión, y para que haya más inversión se hace necesario acercar el crédito a las unidades productivas” afirmó Steiner.
Para la realización de la Primera Feria de Servicios Empresariales se contó con el apoyo del Banco de Fomento Agropecuario, Constelación Sociedad de Ahorro y Crédito, Asesuisa, BAC Credomatic, Banco Azteca, Banco Hipotecario, ASSA Compañía de Seguros, Bancovi, Banco Agrícola, Factoraje Pentágono, Scotiabank, Sistema Fedecrédito, Banco ProCredit, Credicomer y Estrategia & Negocios.









 Feria de servicios financieros

 

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) anunció la realización del XXIII Festival Gastronómico Internacional, que se llevará a cabo el próximo lunes 25 de septiembre.

La actividad culinaria más esperada en el país ofrecerá al público más de 200 platillos elaborados por los equipos de cocina de más de 70 establecimientos y cocineros individuales.
Durante la conferencia de prensa, Javier Steiner, presidente de la gremial, señaló que este es el único evento donde se puede disfrutar de lo más excelente de la cocina salvadoreña en un solo lugar y al que asisten más de mil personas.

Por su parte, Guillermo Barrientos, presidente del Comité de Turismo de Camarasal y los patrocinadores del evento dieron a conocer los detalles del mismo.

La participación es gratuita y abierta en todas las categorías, y participan hoteles, restaurantes, pastelerías, escuelas de cocina, establecimientos dedicados al negocio culinario y cualquier persona que tenga pasión por la cocina. Para este año se contará con 14 categorías participantes, entre las que se cuentan entremeses, caldos, pastas, aves, pescados, mariscos y otros.

Las tarjetas para disfrutar de la mejor comida salvadoreña ya están a la venta en la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador con precios preventa. Socios: $32.00 / Promoción dos tarjetas por $60.00; no socios: $38.00 / Promoción dos tarjetas por $70.00; Suscriptores EDH: $32.00. El día del evento el costo será de $40.

Desde su primera edición, en 1995, el Festival Gastronómico Internacional se convirtió en el principal evento culinario del país, que reúne la muestra más significativa de la cocina gurmé salvadoreña.


El evento cuenta con el patrocinio de Hotel Sheraton Presidente, Distribuidora Europea, DIZUCAR, Asesuisa, Banco Agrícola, Coca Cola, Cerveza Suprema, Fundación TCS, VIVA OUTDOOR, Avícola Salvadoreña (Pollo Indio y Toledo), Bandesal, Radiocorporación y El Diario de Hoy – Revista Buen Provecho.

Vea la galería de fotos

 Rueda de prensa XXIII Festival Gastronómico


División de Estudios Técnicos


En sentencia firmada en el mes de Julio 2017, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Presupuesto del año 2017, por vulneración a los principios de equilibrio presupuestario y universalidad establecidos en los artículos 226 y 227 de la Constitución. Esto significa que el Órgano Ejecutivo en cuanto le corresponde la dirección de las finanzas públicas, está obligado a conservar el equilibrio del presupuesto, manteniendo la congruencia entre gastos, ingresos y partidas presupuestarias; asimismo, que conforme al principio de universalidad debe incluir todos los ingresos y egresos, y en relación con esto último, no se pueden omitir egresos que se tendrán con certeza en el año, tal como sucedió con el Presupuesto 2017.

Con esto, se está poniendo un alto a la práctica que por más de una década ha posibilitado el desorden en las finanzas públicas, lo que ha provocado que el Estado quede desfinanciado a mitad del ejercicio fiscal y tenga que recurrir de emergencia a modificaciones presupuestarias y a más endeudamiento. A partir de esta sentencia, no debería repetirse la práctica de elaborar y aprobar presupuestos incompletos, irreales, artificialmente balanceados y por ende inconstitucionales.

La sentencia establece que en dicha Ley de Presupuesto existen partidas específicas que se han subestimado en cuanto al gasto y que son ineludibles, ya sea porque estaban previstas desde la formulación del presupuesto (caso de la deuda de pensiones e IPFSA) o porque ya se tenían proyecciones de su costo a partir de tendencias y resultados de ejercicios anteriores (caso de las devoluciones de IVA a exportadores y de Impuesto sobre la Renta). Al no haberse incluido en el documento del presupuesto la totalidad de gastos que se realizarán en el presente ejercicio financiero fiscal, la Ley del Presupuesto y sus modificaciones en las partidas identificadas es inconstitucional, por violar el principio constitucional de universalidad y equilibrio presupuestario.

Además, se ha comprobado que, aunque en el presupuesto 2017 existe una equivalencia matemática entre ingresos y gastos totales (US$4,957.8 millones), esto no incluye todos los datos reales e íntegros que deben realizarse en el presente ejercicio financiero fiscal. Como consecuencia de este equilibrio numérico ficticio, se generan brechas de financiamiento y problemas de liquidez en el presupuesto para cumplir con compromisos y obligaciones previamente establecidas, tales como la deuda de pensiones que es de US$230 Millones para el año 2017, y en el presupuesto solo se previó la cantidad de US$1,000.

La Sala ordena que los Órganos del Estado y las demás instituciones públicas tomen las medidas necesarias para evitar la aprobación de gastos no prioritarios, excesivos o injustificados, que no guarden coherencia con la situación fiscal y financiera del Estado, y que impactan negativamente en el equilibrio presupuestario que deben observarse, según el artículo 226 de la Constitución, entre las que señala:

1.    La transferencia de recursos a entes privados que ascienden aproximadamente a US$5.6 millones, distribuidos entre asociaciones y fundaciones (ONG’S) de distinta naturaleza y finalidad, incluyendo entidades que no guardan relación con la finalidad social que justificaría la asignación presupuestaria estatal. La Sala establece que el Ejecutivo y el Legislativo quedan inhabilitados para realizar transferencias de recursos públicos a entes privados, particularmente a aquellos que tienen vínculo material con partidos políticos y grupos afines, y con funcionarios públicos o sus parientes.

2.    Advierte un aumento injustificado y progresivo de la planilla de personal en el sector público y de la magnitud de la carga presupuestaria que implica. La Sala señala que, en relación con los gastos totales, el monto de remuneraciones en El Salvador supera la media observada en Centroamérica, lo cual no refleja necesariamente una mejora en la calidad de los servicios y funciones estatales. Lo anterior obstaculiza seriamente la estabilidad de las finanzas públicas e impacta en el equilibrio presupuestario que establece el art. 226 de la Constitución, por lo que deben adoptarse medidas para corregir esta infracción constitucional.

3.    Por otro lado, la Asamblea Legislativa también deberá revisar el gasto en remuneraciones de ciertos grupos de servidores públicos que se traducen en incrementos periódicos desproporcionados, estipulados en escalafones. Todos los servidores públicos beneficiados con escalafón deben mantenerlo en una proporción relativamente constante, que no genere distorsiones entre un sector laboral y otro, ni presiones fiscales desproporcionadas.

4.    Por último, se advierte que tanto los órganos fundamentales de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), como otros órganos e instituciones del Estado, destinan cada año cuantiosas cantidades de dinero para pagar seguros médico-hospitalarios para sus funcionarios y jefaturas, lo cual representa una carga considerable al presupuesto del Estado.

Por tanto, la Sala determina algunas medidas para superar estas situaciones: suspender la creación de nuevas plazas (salvo en áreas estratégicas como educación, salud, justicia y seguridad públicas), suspender los aumentos salariales para las plazas y contratos de funcionarios públicos y jefaturas en las instituciones del sector público, suspender nuevas compensaciones adicionales a los salarios que se devengan, como las bonificaciones y retribuciones en especie de cualquier tipo a los funcionarios y jefaturas de las distintas dependencias del Estado, suprimir la compra de equipos y bienes suntuarios, o de uso no prioritario en la Administración pública, tales como la adquisición de vehículos de lujo y la innecesaria renovación de la flota vehicular, garantizar uso racional y limitado de viajes, limitar gastos en publicidad, entre otras.

Además, los órganos e instituciones de gobierno deberán abstenerse de realizar gastos en nuevos contratos de seguros médico-hospitalarios para sus funcionarios y jefaturas; o en su defecto, buscar alternativas presupuestarias razonables.

Es importante señalar que, de conformidad con la sentencia, se debe ajustar el Presupuesto 2017 antes de que termine el mes de octubre del presente año. Asimismo, el próximo mes de septiembre, el Órgano Ejecutivo debe presentar el proyecto de Presupuesto 2018 a la Asamblea Legislativa para que esta lo apruebe, el cual debe cumplir obligatoriamente lo que establece la Constitución y ahora, la jurisprudencia constitucional.

Las autoridades del Ministerio de Hacienda, tampoco pueden obviar que en el mes de noviembre del 2016, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual entre sus objetivos incluye emitir normas que garanticen la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo de las finanzas públicas con reglas fiscales que establecen límites de déficit y endeudamiento público.

La sentencia de inconstitucionalidad del Presupuesto 2017 brinda una oportunidad muy valiosa para ordenar las finanzas públicas y para mejorar la transparencia en el país. Es importante que el Gobierno y la Asamblea Legislativa terminen con la práctica de aprobar presupuestos contrarios al orden jurídico, pues además de ser una vulneración al Estado de derecho en abstracto, acarrea desmejoras concretas al bienestar de los salvadoreños.



San Salvador,  1 de septiembre 2017

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CASATIC) firmaron un acuerdo que busca unir fuerzas para beneficiar a las empresas salvadoreñas.

El tratado fue firmado por Javier Steiner, presidente de Camarasal, Javier Steiner, y Juan Francisco Martínez, titular de CASATIC.

 “Es importante este convenio, que nos permitirá coordinar esfuerzos en función del fortalecimiento de las empresas y, por ende, el crecimiento económico de nuestro país”, afirmó Steiner.

Por su parte, Martinez dijo que “Mediante este acuerdo se persigue generar condiciones que permitan subir el nivel de productividad en las empresas mediante el uso de tecnologías y a la vez promover el desarrollo de políticas públicas que faciliten dichas condiciones”

Camarasal y CASATIC buscan intercambiar y cooperar mutuamente, impulsando acciones conjuntas, intercambiando información técnica, económica y tecnológica, y fomentando iniciativas empresariales.

El acuerdo incluye promover y realizar estudios e investigaciones relacionados a las necesidades y tendencias del sector apoyado por ambas instituciones.

Ambas gremiales se apoyarán mutuamente en la promoción, divulgación y convocatoria sobre eventos que vayan en beneficio de sus socios y entrará en vigor a partir de su suscripción y tendrá una duración de dos años, prorrogable automáticamente por periodos iguales de tiempo.

“Lo mejor es que este acuerdo está abierto a la participación de otras gremiales e instituciones públicas o privadas que deseen adherirse a él y sumar en la causa de hacer más competitivo al país”, finalizó el presidente de Camarasal.