Es deplorable que para dirigir la institución encargada de garantizar la transparencia en la administración de los fondos públicos, los señores diputados hayan elegido a personas claramente vinculadas a partidos políticos, ignorando así las recomendaciones de la sociedad civil de escoger para dichos cargos a profesionales independientes. Lastimosamente, las conveniencias coyunturales de los partidos también prevalecieron sobre los intereses nacionales en la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Al elegir como Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República a personas con claros compromisos políticos, los señores diputados perdieron una valiosa oportunidad de depurarla y comenzar a convertirla en una institución completamente desvinculada de intereses partidarios y garante de la correcta administración de los recursos del Estado. Lo mismo puede decirse del Tribunal Supremo Electoral, cuyas decisiones continuarán acomodándose a las pugnas que giran alrededor de los intereses coyunturales de los partidos políticos.

Nuevamente, pedimos a los Diputados de la Asamblea Legislativa que al elegir a los funcionarios públicos de primer y segundo nivel antepongan los grandes intereses del país a los intereses particulares de sus partidos o de sus dirigentes, y que lo hagan única y exclusivamente con base en las cualidades profesionales de los candidatos.

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Los parlamentarios deben analizar, con criterio técnico y con un genuino interés nacional, que al exigir unanimidad en las decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el referido decreto entorpece la pronta y cumplida justicia que debe prevalecer en el país.

Los señores Diputados deben prever, además, que al dar a un solo Magistrado el poder de vetar las decisiones de la Sala de lo Constitucional, se impide que las resoluciones del tribunal constitucional sean tomadas de forma colegiada, como es la norma en este tipo de tribunales. El Decreto 743, de hecho, rompe con uno de los principios vitales de la democracia, que consiste en dar cabida a la pluralidad de criterios.

Por lo tanto, pedimos a los señores Diputados de la Asamblea Legislativa que, poniendo los intereses de la nación por encima de las conveniencias políticas o partidarias, reflexionen sobre el grave daño que el Decreto 743, todavía vigente, podría causar a la institucionalidad y a la justica en el país, y procedan a su pronta derogación, aprovechando que ya una representación legislativa ha rectificado una decisión equivocada. De esta manera, si de verdad existe conciencia en todas las demás fracciones parlamentarias sobre la grave crisis institucional, de impredecibles consecuencias, que el decreto 743 podría provocar, procedan a sumar sus votos a la iniciativa planteada esta semana. Asimismo, hacemos un llamado al señor Presidente de la República a acompañar esta petición, haciendo honor a su compromiso de fortalecer la democracia en el país y el orden social.

Estamos convencidos de que el Estado de Derecho requiere independencia y balance entre los tres poderes del Estado. Ello no significa que no deba de existir una adecuada coordinación y una constructiva y permanente comunicación entre dichos órganos, para construir una democracia más sólida.

Finalmente, invitamos a las organizaciones sociales y al resto de la sociedad civil a unirse a nuestra petición exigiendo la inmediata derogatoria de esta ilegítima reforma que atenta contra los principios democráticos y contra los derechos constitucionales de todos los salvadoreños.

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En su discurso de bienvenida a los participantes, el presidente de la Cámara, Luis Cardenal, hizo énfasis en la necesidad de garantizar el suministro de energía eléctrica por medio del incremento de las fuentes de generación, lo cual supone “la urgente diversificación de la matriz energética.

El dirigente de la gremial detalló que según las cifras oficiales el país cuenta con una capacidad instalada para producir cerca de 1,472 mega-watts, pero que la capacidad disponible en el mercado es de unos 1,000 a 1,100 mega-watts, mientras que la demanda actual ronda los 950 mega-watts. Esto no deja con una limitada brecha entre la oferta y la demanda de solo 200 mega-watts, es decir, a apenas 2 ó 3 años de que la demanda se iguale a la oferta.

“Sabemos que el Gobierno está tomando las medidas necesarias para incrementar la oferta y agregar nuevas fuentes de energía a las ya existentes, y nosotros como Cámara esperamos que esas medidas observen los principios de transparencia y respeto a la libre competencia (…). Solo dando la oportunidad a todas las empresas por igual se alcanzará el propósito de contar con una matriz energética diversificada, equilibrada e incluyente”, dijo el presidente de la Cámara.

Por su parte, el Ministro de Economía de El Salvador, Héctor Dada, dijo que parte de la política nacional de energía busca establecer normas que promuevan el uso de fuentes de energía alternativas y que al mismo tiempo protejan el medio ambiente.

“Las líneas estratégicas de la política energética nacional se basan, entre otros temas, diversificación de la matriz energética, sobre todo en el fomento de las fuentes renovables de energía”, dijo el funcionario. Inmediatamente hizo ver la inconveniencia económica y ecológica de que el país dependa de la producción de energía eléctrica basada en combustible búnker, fuente que representa entre el 40 y el 50% de la producción total de energía en el país.

En seguida hizo énfasis en la necesidad adoptar políticas y medidas de ahorro energético, propósito en que coincide con las gremiales empresariales, así como en el tema de la ampliación de la cobertura de servicio eléctrico.

El Foro abrirá un espacio para que los distintos actores del sector eléctrico analicen los puntos débiles y fuertes del mercado y propongan medidas para mejorarlo y fortalecerlo a fin de que la energía eléctrica esté disponible en las cantidades y calidades que las empresas y los hogares necesitan.

Entre los aspectos que se analizarán en el Foro destacan el marco regulatorio, la política energética, el pliego tarifario, las políticas gubernamentales en beneficio del sector y aspectos generales del mercado eléctrico de El Salvador.

En el foro actuaron como conferencistas las siguientes personas: Giovani Hernández, gerente de Electricidad de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET); Luis Reyes, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Energía (CNE); Miguel Bolinaga, vicepresidente de Mercado Eléctrico y Relaciones Externas de empresas AES; Jaime Eduardo Contreras, coordinador de Proyectos de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL); Ada María Elena de García, analista de mercado de la empresa geotérmica La Geo, y Alberto Triulzi, presidente de la empresa Nejapa Power.

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Al establecer la Asamblea Legislativa que entre la fecha de entrada en vigencia del aludido decreto hasta el 31 de julio de 2012, los recursos de amparo constitucionales deberán resolverse con cinco votos conformes de los señores magistrados, y no con cuatro como ha sido hasta ahora, resulta claro que la reforma va dirigida contra determinados funcionarios, cuyo periodo como magistrados de la Sala de lo Constitucional expira precisamente el 31 de julio de 2012, lo cual viola el principio democrático que sostiene que las leyes secundarias deben ser permanentes, de aplicación general y a favor de la sociedad. Las leyes dirigidas contra de determinadas personas o instituciones son propias de los regímenes autocráticos y dictatoriales.

Resulta evidente que la intención inconfesa de este decreto de reforma consiste en evitar futuras decisiones de la actual Sala de lo Constitucional que afecten los intereses de los partidos políticos que han aprobado el decreto, como ha sucedido con algunas de las resoluciones recientes.

Además, al cambiar de manera temporal la Ley Orgánica Judicial, que es de gran trascendencia en la institucionalidad democrática del país, la reforma atenta contra la administración de la pronta y cumplida justicia.

Consideramos que una reforma que busque cambiar la manera de administrar la justicia en el país debería hacerse bajo criterios técnico-jurídicos, y luego de una amplia consulta, y no respondiendo a intereses partidarios.

Por lo anterior, pedimos a la Asamblea Legislativa que derogue el referido decreto de reforma a la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y exhortamos a la ciudadanía y a las organizaciones gremiales y al resto de la sociedad civil a pronunciarse en contra de esta reforma que atenta contra los principios democráticos y contra la institucionalidad del país.

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fortalezas y debilidades del sistema de generación, transmisión, distribución y comercialización mercado eléctrico, y propongan medidas para mejorarlo y fortalecerlo a fin de que la energía eléctrica esté disponible en las cantidades y calidades que las empresas y los hogares demandan.

Entre los aspectos que se analizarán en el Foro destacan el marco regulatorio, la política energética, el pliego tarifario, las políticas gubernamentales en beneficio del sector y aspectos generales del mercado eléctrico de El Salvador.

El evento contará con la participación de personeros de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), del Centro Nacional de Energía (CNE), la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), de la Unidad de Transacciones (UT) y de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL), así como de las empresas AES El Salvador, Del Sur, La Geo, Nejapa Power y Duke Energy.

La invitación a participar en el Primer Foro Nacional de Electricidad Energía para Todos está abierta para empresarios y ejecutivos de empresas de los sectores Industria, Comercio y Servicios y demás público en general. El ingreso es gratuito previa inscripción.

Los interesados en participar pueden reservar cupo llamando a la Lic. Carolina Cuenca, Coordinadora del Comité de Industria, a los teléfonos 2130-4575 o escribiendo a la siguiente dirección electrónica: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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