El concurso inició el pasado 14 de marzo de 2011 con el lanzamiento oficial del mismo a través del sitio electrónico del CNR (www.cnr.gob.sv), pero los trabajos estarán siendo recibidos hasta el 6 de mayo próximo. La premiación de los mejores inventos se llevará a cabo el 26 de mayo. Para participar, los inventos tendrán que obtener una patente vigente otorgada por la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Intelectual, con lo que también se fomenta la protección de la propiedad intelectual.

Según las bases del concurso, los inventos que se presenten “deberán estar relacionados con una solución técnica a un problema técnico, en cualquier campo de la tecnología que sea susceptible de ser patentado en El Salvador”. Las mejores invenciones serán premiadas según las siguientes categorías: Química, Protección al Medio Ambiente, Construcción, Electrónica, Medicina y Mecánica.

Las empresarios interesados en patrocinar participantes o el evento en sí, pueden contactarse con las oficinas del CNR llamando a los teléfonos 2261-8601 y 8607 o escribiendo a la siguiente dirección electrónica: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Más información en www.cnr.gob.sv

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Pese a que dicho decreto fue oportunamente vetado por el Presidente de la República por considerarlo violatorio de la voluntad de los electores, persiste la intención manifiesta de algunos diputados de continuar incumpliendo con la resolución de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, ya sea superando el veto presidencial o elaborando un nuevo decreto que mantenga los privilegios de los partidos políticos en la asignación de escaños.

A lo anterior se suma el “madrugón” legislativo del 31 de marzo, en el que de forma sorpresiva e inconsulta los diputados del FMLN, GANA y PCN reformaron el Código Electoral para incluir al partido GANA en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), pese a que este último ni siquiera participó en la más reciente elección. En la misma sesión plenaria, la Asamblea aprobó una supuesta interpretación auténtica del artículo 63 del Código Electoral, que amplía los poderes del Presidente de ese órgano colegiado (actualmente miembro del FMLN) facultándolo para decidir, de forma unilateral, sobre asuntos de vital importancia que competen a todos magistrados del Tribunal.

A la Cámara le preocupa que las reformas legislativas apunten todas a alterar normas fundamentales del proceso electoral, con lo que se socava la institucionalidad democrática y se pone en peligro la transparencia de los comicios que se avecinan.

Otro hecho que inquieta es la reciente denuncia que nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia presentaron ante la Fiscalía General de la República contra los miembros de la Sala de lo Constitucional.

La gremial reconoce que hasta ahora los fallos emitidos por la actual Sala de lo Constitucional han contribuido a fortalecer la institucionalidad democrática y la división de los poderes del Estado, por lo que lamenta que la denuncia interpuesta contra los magistrados redunde en una nueva crisis institucional al interior de nuestro máximo tribunal de justicia.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Cámara de Comercio e Industria hace un llamado a las autoridades de los diferentes Órganos del Estado a respetar la institucionalidad y el orden democrático del país, y no tratar de usar el poder que el pueblo les ha delegado para acomodar las instituciones a sus intereses partidarios.

Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía organizada a pronunciarse en defensa de la institucionalidad del país y de la Constitución de la República.

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En el acto de inauguración también estuvieron presentes del Dr. Luis Nelson Segovia, presidente del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, el Lic. Federico Hernández, director ejecutivo de la gremial; el Lic. Reynaldo Herrera, director del Centro de Mediación y Arbitraje, así como miembros del Consejo de Mediación y Arbitraje del Centro.

En el curso participaron como conferencistas los árbitros internacionales Richard Lorenzo, de Estados Unidos; Francisco González de Cossío, de México; Álvaro Rodrigo Castellanos, de Guatemala, y Liliana Sánchez, de Panamá; así como los nacionales Dr. Mario Enrique Sáenz, Dr. Humberto Sáenz Marinero y la Dra. Janeth Carolina Brito.

Entre los temas que fueron tratados en el curso figuran los siguientes: “La resolución alterna de disputas”, “El papel de los centros de arbitraje”, “El convenio arbitral y sus efectos”, “Competencia del Tribunal Arbitral, medidas cautelares”, “Sustanciación de las actuaciones arbitrales” y “El laudo arbitral”. También fue realizado un taller sobre un caso simulado de arbitraje.

Al final de la capacitación, el Dr. Luis Nelson Segovia, presidente del Consejo de Arbitraje, indicó que haber recibido el curso es uno de los requisitos que exige el reglamento del Centro de Mediación y Arbitraje de la CCIES para incorporación de candidatos al panel de árbitros del mismo.

Añadió que a partir del próximo mes de mayo se harán las convocatorias pertinentes a los asistentes al curso que llenaron las hojas de datos que fueron distribuidas durante los dos últimos días de capacitación para ser evaluados sobre los temas que fueron expuestos y sobre contenido del material escrito que les fue entregado en el curso.

El Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador fue fundado en 2003. Actualmente cuenta con un panel de unos 70 árbitros, y ha realizado una veintena de arbitrajes institucionales.

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Dado que el proyecto de reformas ya fue aprobado por la Comisión respectiva en el Primer Órgano del Estado, las instituciones que estamos detrás del respeto a la resolución del máximo tribunal constitucional no vamos a retroceder en nuestras peticiones, que básicamente se circunscriben a:

  1. Exigir que los ciudadanos votemos por candidatos, independientemente del partido que lo postule.
  2. Solicitar que los partidos presenten planillas completas por cada zona electoral.
  3. Rechazar todo intento de reforma que busque, en la práctica, impedir que los ciudadanos elijamos a nuestros representantes.
  4. Rechazar que sigan siendo las cúpulas de los partidos políticos las que impongan a los candidatos.

Aunque sabemos que el proceso será arduo, estamos convencidos de que nuestra democracia sólo se fortalecerá si más ciudadanos nos atrevemos a hacer valer nuestros derechos. Por la misma razón, les adjuntamos (clic aca para descargar) el análisis que FUSADES ha hecho de las reformas que ya fueron aprobadas por los cinco partidos, así como las fallas que presenta.

Muchas gracias por tomarse unos minutos de su tiempo para leer este análisis y ayudarnos a difundirlo.

Saludos cordiales,

Federico Hernández.

Director Ejecutivo.

Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.

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Nuestra organización empresarial considera que las muchas deficiencias y anomalías que adolece el sector Transporte no serán superadas con medidas tibias, como esa de darle a los empresarios de buses más dinero de los contribuyentes en concepto de subsidio, ni con acuerdos bilaterales entre las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes y los infractores de las mismas, sino con una reforma integral que incluya medidas efectivas de control del estado de las unidades, el rediseño de las rutas, el respeto de las normas de tránsito y el buen trato al usuario, entre otras.

Asimismo, nuestra gremial reconoce que la solución al complejo problema del transporte terrestre de pasajeros requiere de un esfuerzo público-privado, por lo que desde ya se compromete a trabajar en la formulación de propuestas que contribuyan con el gobierno a buscar soluciones a esta crisis.

Finalmente, la Cámara reitera que ninguna medida o plan que intente solucionar en todo o en parte el desorden que impera en el transporte terrestre será efectivo si las autoridades no hacen cumplir las leyes y si siguen soslayando su responsabilidad de investigar y sancionar a los culpables de infringir el orden legal establecido.

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