En fecha 7 de enero presentamos nota al Consejo de Ministros de la Integración Económica, COMIECO, solicitando una clara explicación sobre la repentina e infundada destitución de Yolanda Mayora de Gavidia de su cargo. De aquella nota, hasta este día, no hemos obtenido respuesta alguna. Posteriormente, y luego de la renuncia de la Secretaria General de SIECA, y el poco aplaudido nombramiento de Ernesto Torres Chico, en fecha 17 de enero del año en curso dirigimos nota a COMIECO, condenando enérgicamente la falta de transparencia en el proceso de selección del nuevo titular y exigiendo, otra vez, una explicación sobre el actuar de los funcionarios.

Por lo anterior, y ante el errático obrar de los Ministros, FECAMCO manifiesta:

1. Rechazar el procedimiento del nombramiento del nuevo Secretario General de SIECA, por no haberse respetado el proceso institucional establecido.

2. Exigir a COMIECO, al igual que a los Presidentes de Centroamérica, se abstengan de violar lo establecido en los Instrumentos de la Integración Centroamericana, respetando el procedimiento para el nombramiento del titular de SIECA.

3. Condenar la actuación de los Ministros, por considerar que ella se convierte en un pésimo precedente contra la institucionalidad centroamericana, siendo nuestras autoridades las primeras encargadas de velar por el cumplimiento de los instrumentos jurídicos regionales. Con esta situación, innecesariamente, se mancha de politiquería a una entidad cuyo espíritu es netamente técnico.

4. Revertir lo actuado a la brevedad posible, evitando así seguir poniendo en riesgo los avances logrados hasta la fecha en el marco de la integración del istmo centroamericano. En ese sentido, exigimos la designación de un nuevo titular de SIECA respetando los procedimientos que existen para ello, y garantizando que la evaluación de los candidatos sea técnica, apegada a derecho y con el apoyo de alguna firma internacional especializada en este tipo de procesos.

5. Dejar sentada nuestra firme posición en torno a la urgente necesidad de devolver la credibilidad que con mucho esfuerzo se había construido en el sistema de integración regional, por lo que hacemos un llamado a la cooperación internacional a suspender cualquier tipo de ayuda no reembolsable a SIECA en tanto no se retorne al orden institucional.

Centroamérica, 4 de febrero de 2011

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El sistema judicial estuvo a punto de colapsar debido a la toma violenta de instalaciones por parte sindicalistas que, en exigencia de aumentos salariales, impidieron audiencias, vistas públicas y hasta reconocimientos legales de cadáveres.

La paz social también se vio alterada por protestas de maestros, ambientalistas, vendedores ambulantes y lisiados de guerra. Preocupa el hecho que estas manifestaciones sean vistas por el Gobierno con pasividad, y que no se busquen soluciones ni se ejecuten medidas que eliminen de forma permanente las muchas irregularidades que existen en la administración pública.

En vez de promover la transparencia en el manejo de los recursos públicos, el Ejecutivo pide que la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública sea atrasada por un año; en lugar de reducir el tamaño del Estado y hacerlo más eficiente, aumenta el número de plazas y decreta incrementos generalizados de salario sin que ello se traduzca en una mejora de los servicios que la población recibe, y en vez de poner atención a la mala nota que le dan a El Salvador las calificadoras internacionales de riesgo, las critica, tratando de hacer creer a la población que es un invento que en el país no existe el clima de confianza y seguridad necesarias para atraer la inversión extranjera. La convulsión social no es nada nuevo para los salvadoreños, pero sí lo es esta falta de claridad del gobierno ante los grandes problemas nacionales, así como la ausencia de compromisos y de decisión para solucionarlos. Si se sigue considerando como “parte de la democracia” que cualquier grupo de inconformes se tomen las calles, paralicen los Órganos del Estado, saboteen a las instituciones y lleguen hasta el grado de amenazar con derrocar al gobierno, sin que se haga nada para impedírselos, el país podría caer en un estado de anarquía que solo empeoraría las cosas. Los problemas hay que afrontarlos, no justificarlos.

Escrito por Jorge Daboub,
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador
Publicado en La Prensa Gráfica, 26 de enero de 2011.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/167170-ihacia-donde-vamos.html

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En este sentido, consideramos injustificable que algunos empleados del Órgano Judicial, siendo quienes en promedio reciben los salarios más elevados y gozan de mejores prestaciones laborales en el sector público, mantengan secuestrada a toda la administración de justicia del país como medida de presión para pedir aumento de sueldo, mientras la sociedad entera clama porque se le brinde una pronta y cumplida justicia y se aplique la ley a los delincuentes, muchos de los cuales podrían quedar impunes debido al cierre ilegal de los centros judiciales.

Consideramos que las autoridades legalmente constituidas están en la obligación de reinstaurar los servicios públicos que han sido suspendidos o entorpecidos por las acciones de empleados del Órgano Judicial, mismos que, en su afán de ganar salarios más altos, sacrifican el bienestar común y sobrepasan los límites legales al sabotear y ocupar por la fuerza las oficinas públicas, llegando incluso a amenazar al resto de servidores públicos que no comparten sus métodos de presión.

Hacemos un llamado a los empleados públicos en huelga a que depongan su actitud hostil, y los instamos a aceptar el ofrecimiento de diálogo hecho por las autoridades judiciales, a fin de lograr una pronta solución al conflicto y de ese modo evitar que el país caiga en una anarquía y en un caos judicial de incalculables proporciones.

Finalmente, llamamos la atención al Gobierno de la República en el sentido de ser más responsable con la asignación del gasto público, pues con medidas como aumentar salarios de forma general y anunciar erogaciones injustificadas, provoca que los trabajadores de las dependencias del Estado que no reciben estos beneficios se sientan con el derecho de exigir privilegios similares. Recordemos que los recursos del país no son suficientes para financiar gastos superfluos ni políticas populistas de la administración pública.

 

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El análisis, que cubre la gestiones hechas por los tres órganos del Estado, aunque con énfasis en el Órgano Ejecutivo, fue dado a conocer a lo medios informativos nacionales durante una conferencia de prensa realizada el martes 14 de diciembre en la sede principal de la gremial, en San Salvador.

 

El informe está dividido en cinco áreas:

 

I) Económica, II) Fiscal, III) Política, IV) Seguridad, V) Social.


I. ÁREA ECONÓMICA: “Año del estancamiento”


Debido a que en 2010 la situación económica del país no registró avances significativos en ninguno de sus principales indicadores, la Cámara concluyó que en 2010 la economía se mantuvo estancada.

Al respecto, los principales puntos que el informe menciona, son:

1. Pobres resultados e indicadores económicos bajos:

• En términos generales, el 2010 cerrará con bajo crecimiento económico ( pronostico del 0.5% del PIB), el menor de Centroamérica en este año.

• Baja inversión: No se ha recuperado de la inversión privada que se tuvo en 2008 (pre-crisis). La caída de la inversión privada en 2010 es de $536 millones.

• Construcción, transporte y servicios siguen registrando cifras negativas.

• Las 23 mil plazas de trabajo que se recuperaron en este año son apenas la mitad de las plazas que se perdieron en el 2009.

2. Baja en indicadores internacionales:

• El país cayó en seis puntos en el Índice de facilidad para hacer negocios.

• Bajó en cinco lugares en el Índice Global de Competitividad (del 77 al 82).

• Pasó del lugar 19 al 35 (caída de 16 puestos) en el Índice de Libertad Económica.

• Perdió el grado de inversión que conservaba desde 2007.

• El índice mundial de “Marca País” posiciona a El Salvador entre los últimos países del mundo (lugar 105 entre 110) Cayó 13 posiciones con respecto a 2009.

3.Conclusiones Área Económica:

a. Nuestro país es el de menor crecimiento económico en C.A.

b. Lenta recuperación

c. Baja inversión (desconfianza, problemas de financiamiento)

d. Se mantiene el déficit fiscal

e. Mayor endeudamiento

f. Reforma tributaria ineficaz y contraproducente

g. Factores externos siguen afectando.

II. ÁREA FISCAL: “Año del endeudamiento”


En el área fiscal, se resalta el hecho de que, para financiar el incremento en su gasto corriente, el Ejecutivo ha endeudado al país hasta límites peligrosos para las finanzas públicas, haciendo caso omiso de las propuestas que el sector privado hiciera a principios de año en el marco de una posible discusión de pacto fiscal.

PROPUESTA PRESENTADA PARA PACTO FISCAL:

• En junio las gremiales empresariales, aglutinadas en ANEP, presentaron propuestas para el pacto fiscal, reconociendo la necesidad de realizar esfuerzos de ahorro (focalizar subsidios, concesiones), así como medidas para fortalecer los ingresos (ampliar base tributaria, reactivar economía).

• Dichas recomendaciones no fueron consideradas y, contrario a lo que planteaban, el Ejecutivo, sin consulta previa, oficializó un incremento al salario de los empleados públicos y al de los empleados del ISSS, con lo cual incrementó su gasto corriente, en lugar de racionalizarlo.

Entre los resultados más significativos de la gestión fiscal, la gremial señala los siguientes:

1. Lenta e insuficiente recaudación

2. Aumento del gasto corriente

a. Aumento salarios ISSS ($9.1 millones al año)

b. Aumento salarios sector público ($15 millones al año)

c. Prórroga de subsidio a buseros ($33 millones)

d. A septiembre 2010 el gasto corriente del gobierno subió en $150 millones. la burocracia aumentó en 18,950 nuevas plazas.

3. Se mantiene el déficit fiscal en 5% del PIB (alrededor de $ 1,000 millones)

4. Más préstamos para financiamiento (Para 2011, debido al endeudamiento, la deuda pública alcanzará el 54% del PIB).

5. Compra de aviones vs. prioridades.
El Ejecutivo aún evalúa adquirir aviones de combate por un costo aproximadamente $100 millones.
(Según el documento presentado en ENADE 2005, con $100 millones se podría llevar energía eléctrica a todos los hogares de El Salvador, o llevar el agua potable a 600 mil ciudadanos que actualmente se surten de ríos o fuentes contaminadas).

6. La decisiones fiscales tomadas por el Presidente de la República jamás llegan a la mesa fiscal del CES.

 

PERSPECTIVAS 2011

 

Para acelerar el crecimiento económico, la Cámara recomienda:

• Fortalecer, con acciones, los mensajes de confianza a la seguridad jurídica para la inversión privada

• Combatir de forma integral la delincuencia

• Aprobar la Ley de Concesiones

• Ley de Zonas Francas

• Aprobar un decreto de concesión a operadores privados Puerto La Unión

• Implementar fondos de garantía para pymes

• Ejecutar de forma efectiva el Programa de Inversión Pública

• Implementar la Banca de Desarrollo

• Reformar a Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

 

 

III. ÁREA POLÍTICA “Año de la desconfianza”

 

Para la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, durante el 2010 prevaleció el clima de incertidumbre que impidió la realización de más inversiones privadas y, como consecuencia, la generación de empleo. Dicha incertidumbre estuvo producida, principalmente, por los sectores políticos y, especialmente por las contradicciones entre el Presidente y algunos de sus ministros y dirigentes del partido en el gobierno.

 

La Cámara también hizo observaciones al trabajo realizado por la Asamblea Legislativa y por la Corte Suprema de Justicia.

 

Resumen de las observaciones hechas en el campo político.

 

1. Mensajes contradictorios entre el Presidente y el partido en el gobierno:

• Dolarización: dirigentes del FMLN y el presidente del BCR hablan de cambiarla, mientras el Presidente lo niega. El Presidente del BCR después se retracta.

• Socialismo Siglo 21: Diputados del FMLN dicen que ya está en marcha en el país, mientras que el Presidente rechaza la idea.

• Golpe de Estado: dirigentes del FMLN lo denuncian y el Presidente lo niega.

• Disolución de las F.A.E.S: dirigentes del FMLN dicen que sigue en su agenda, pero el Presidente lo rechaza.

• Declaración patrimonial: la Asamblea la elimina, el presidente la impone.

• El FMLN intentó reformar la Ley del RNPN y el Presidente, por fortuna, lo vetó

• El Vicepresidente dice que hay que reformar los artículos pétreos de la Constitución y el Presidente lo niega.

• Ley de Calidad: el gobierno presenta una propuesta y el FMLN otra.

• Puerto de La Unión: dos años para aceptar la idea inicial de la concesión, y el FMLN se sigue oponiendo.

• Desproporción entre el ala “técnica” y el ala “ideologizada” del Gabinete de Gobierno: El FMLN domina las carteras territoriales clave, incluyendo el OIE.

• WikyLeaks: El presidente se siente inseguro de algunos de sus funcionarios y de altos dirigentes del FMLN.

 

2. Mensajes de confrontación social del presidente Funes:

• Discurso por división de clases: hace diferencias entre salvadoreños

• Ataques verbales constantes contra el sector empresarial: lo acusa de evadir impuestos, de desestabilizar, de llevar agendas políticas, etc.

 

Lo único consistente del Ejecutivo ha sido su política exterior, al fortalecer la alianza del país con EE.UU. y Brasil, alejarse de Venezuela, Cuba y Nicaragua, el decir no al ALBA, y el buscar el pleno reconocimiento internacional de Honduras, etc.).

 

3. Partidos políticos no contribuyen a generar confianza:

Hechos que generan desconfianza:

• Fugas diputados a otros partidos, irrespetando a sus electores

• Gastos innecesarios (ejemplo: nueva flota de vehículos)

• Madrugones legislativos (ejemplo: reformas a la Constitución)

• Abuso de la dispensa de trámites para la aprobación de leyes

• Aprobación inconsulta de impuestos municipales a escala nacional

 

Mientras tanto, siguen pendientes de aprobación:

• Reformas a Ley LACAP

• Ley de Calidad

• Ley de Concesiones.

 

Lo positivo de la Asamblea Legislativa:

• Aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública

• Eliminación de la declaración patrimonial (aunque el Presidente terminara imponiéndola).

• Aprobación de la Ley de Escuchas Telefónicas (aunque la Fiscalía no cuenta con recursos para aplicarla)

• Aprobación de la Ley Antipandillas.

 

4. CSJ:

POSITIVO:

• Declarar constitucionales las candidaturas independientes

• Declarar inconstitucional la trasferencia de fondos de ministerios a Casa Presidencial

 

NEGATIVO:

• Divisiones entre las salas.

 

 

IV. ÁREA SEGURIDAD: “El año de las deudas”

 

TODAS LAS ENCUESTAS COINCIDEN EN QUE SIGUE SIENDO EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL PAÍS.

 

La Cámara recordó que en febrero de este año presentó una propuesta para enfrentar integralmente el problema de la delincuencia y la violencia social. Hasta la fecha, las únicas propuestas que se tomaron (y que han sido exitosas) son las que se relacionan con la Fuerza Armada y ciertas reformas legales (como un marco especial para tratar el tema de las pandillas).

• Sigue faltando una política integral al combate a la delincuencia: los homicidios se mantienen en 11 diarios.

• Sigue ausente una verdadera labor de comunicación y apoyo entre todas las entidades relacionadas con el combate al crimen.

• Inestabilidad en los centros penales: el 2010 ha sido el año de las revueltas, las fugas y los túneles.

• No se sabe qué resultados ha dado la Ley Antipandillas.

• Falta de presupuesto a FGR para las escuchas telefónicas.

 

La única medida que parece haber dado resultados parciales es la presencia de la F. A. en algunas de zonas más conflictivas y en algunos centros penales. Extorsiones reducidas en algunas zonas del interior.

 

V. ÁREA SOCIAL: “El año del retroceso”

 

Para la CCIES en el área social no se han visto avances significativos, especialmente en sectores clave como Salud, Educación e Infraestructura Pública.

 

Entre los principales problemas, la gremial señala los siguientes:

• Estructura vial ineficiente.

• Hospitales sin medicinas.

• No se ha definido el rumbo en Educación

• La pobreza aumentó.

 

CONCLUSIONES GENERALES:

 

1. El balance final es marcadamente deficitario en casi todas las áreas.

2. La desconfianza prevalece y la inversión sigue detenida.

3. Los mensajes del Presidente (en algunos casos) y del partido oficial (en casi todos los casos) no abonan a generar un ambiente de paz y estabilidad.

4. Sigue siendo necesario transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, seguridad jurídica, etc.

5. No hay esfuerzos reales que propicien la generación de más empleos.

6. El desempleo y la inseguridad siguen siendo los principales problemas por resolver.

 

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La información revelada hasta hoy sobre las conversaciones entre funcionarios del gobierno salvadoreño y diplomáticos estadounidenses desnuda, con claridad meridiana, que el mismo presidente Funes considera que sus principales temores políticos surgen de la desconfianza que le provocan miembros de su propio gabinete de gobierno y del partido que lo llevó a poder, y, en tal sentido, las acusaciones de generar inestabilidad hechas por el mandatario contra el sector privado no tendrían ninguna justificación.

Recientemente, el presidente Funes acusó a los empresarios de generar inestabilidad a su gobierno por ser críticos de sus decisiones en materia económica y fiscal, pero lo que reflejan las comunicaciones sostenidas entre la Embajada de Estados Unidos en El Salvador y Washington es que la inseguridad de su gobierno procedería de los ministros y de los funcionarios miembros del FMLN que él mismo eligió como parte de su gabinete.

De ser ciertos estos temores, se esperaría que el presidente Funes explicara a la población las razones que le obligan a mantener en su equipo de gobierno a funcionarios de quienes él mismo se siente inseguro y en los que no confía, pues esta situación, evidentemente, le impediría desarrollar con tranquilidad sus planes de gubernamentales.

Asimismo, resulta procedente que los ministros del actual gobierno que forman parte del partido FMLN aclaren públicamente si trabajan para adelantar las políticas que dirige el presidente Funes o para promover, desde sus puestos en el gabinete, una segunda agenda política al margen de los planes presidenciales.

Consideramos que esta situación anómala al interior del gobierno contribuye a acrecentar el clima de incertidumbre y desconfianza en torno al rumbo del país en el corto y mediano plazo, lo cual afecta las decisiones de inversión que son generadoras de empleo y crecimiento económico.

Finalmente, pedimos a algunos sectores políticos que cesen de acusar al sector privado de ser el generador de inestabilidad y lo vean como el aliado necesario para desarrollar, desde una perspectiva técnica y realista, políticas efectivas y consensuadas que contribuyan a solucionar los graves problemas que afronta la nación.

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